Miarramiau

  08 de Marzo de 2016  

En segundo término porque da una pobre imagen de nuestro país, reducido a república bananera inepta para velar por la propia seguridad de su ciudadanía, y garantizar, hasta los límites razonables, el cumplimiento estricto de las penas penitenciarias. Como quien dice, equivale a confesarse incapaz. Fallido.

Y en tercer término porque, al anunciarla como un hecho consumado, el Jefe del Ejecutivo se está pasando por el perineo las atribuciones de otro de las tres Poderes de la Unión, el Judicial, en principio del todo independiente, y que es al que corresponde determinar si tal extradición procede o no. Y tal desacato el mandatario lo comete, sin rubor alguno, en público, frente al más selecto y amplio de los públicos, diría yo. Al límite de la obscenidad.

El asunto, sin embargo, se vuelve más grave aún si se considera que, de antemano, todo indica que la susodicha deportación violaría de manera flagrante la legislación mexicana en la materia, pues el reo —convicto de algunos delitos e indiciado en otros— no ha terminado de purgar su condena por los primeros, impuesta por un juez mexicano, ni ha concluido el proceso, también bajo jurisdicción nacional, por los segundos.

En otras palabras, la cuestión es doblemente grave: no sólo se vulnera la potestad soberana del Poder Judicial, sino que muy presumiblemente se vulneran incluso las leyes mismas.

No parece haberse tratado de un simple descuido, de un desliz más por parte del Presidente. Estoy convencido de que tenía buenos motivos para decir lo que dijo, donde lo dijo y cuando lo dijo. Ignoro sí, cuáles sean dichos motivos, pero aseguraría que existen y que son de peso. El que El Chapo sea un delincuente de “alta peligrosidad”, como lo calificó él mismo, no constituye en absoluto una buena razón, pues nuestra legislación no lo considera causal de extradición.

Hay pues gato encerrado. Y ese gato, estos días, ha lanzado maullidos estridentes y no cesa de arañar las paredes. Por un lado las flamígeras declaraciones de Rosa Isela Guzmán, la presunta hija mayor del capo, y según las cuales la fuga del penal de El Altiplano “habría sido pactada” y que de su padre habría financiado a altos personajes de la política mexicana (la más amarillista, marginal y vomitiva prensa de nuestro país se atreve incluso a mencionar por su nombre al presidente Peña). Sin embargo la locuaz y próspera empresaria no da nombres ni cita fuentes, así que las “sensacionales” revelaciones quedan en agua de borrajas.

Ello no impide que debamos considerarlas sintomáticas y que algún propósito tenga el menear el fondo de la cazuela. Propósito que, de momento, no se vislumbra, pero que nos obliga a estar alerta a las posibles secuelas.

Con tales exabruptos coinciden las afirmaciones, mucho más serias, de los abogados de Guzmán Loera. Afirman que su cliente está siendo sometido a un trato inhumano. Obligado, a pesar de tenerlo enjaulado en permanencia, a “pasar lista” catorce veces durante el día y tres durante la noche, que es acosado ex profeso por toda clase de ruidos (de ladridos feroces a constantes chirridos de lámina) que le impiden conciliar el sueño. El Excélsior de ayer lunes informa, además, que desde enero no ha podido ver a sus abogados.

Esto, amigo mío lector, se llama tortura. Aquí y en China. Y viola los más elementales preceptos de los derechos humanos. ¿Será necesario recordar que dichos derechos han sido formulados para amparar y proteger de los abusos de poder a los reos y a los perseguidos? Los hombres de bien no requieren dichos derechos. Y no olvidáramos nunca que los delincuentes, todos los delincuentes, no han hecho más que delinquir. Y que conservan íntegra su condición de seres humanos y que como tales son merecedores del trato digno y respetuoso que tal condición conlleva. Ignorarlo es medieval.

Es así que desde hace 227 años la humanidad lucha contra la inhumanidad, y que el combate por una justicia justa y por una legislación ecuánime y respetuosa de los castigos, corporales o no, no ha cesado. Y que pasar por alto el pensamiento de Michel Foucault o Concepción Arenal, constituye un crimen.

Promover entonces las opciones normativas, emplear sólo técnicas adecuadas para establecerlas limita omisiones negligentes. Entre las premisas esenciales resulta razonable impedir tentaciones opresivas, cuestionando las atribuciones relativamente opacas.

Quién sabe cuáles son los engranes maestros que se mueven en torno al proceso de Joaquín El Chapo Guzmán. En todo caso sabemos que son ingentes, que rechinan y crujen. Que no parece haber manera de aceitarlos. Y que ahí hay atrapado un gato. Miarramiau.

Marcelino Perelló