10 de Noviembre de 2015
Se declaró formal, solemne y textualmente “iniciar el proceso de constitución del Estado Catalán Independiente bajo la forma de República”. A la resolución se añade el compromiso de garantizar los servicios y prestaciones sociales dignas al conjunto de la población. Y proclama que a partir de ese momento se desconoce al Tribunal Constitucional Español y sus resoluciones. En otras palabras, se instituye de manera oficial el principio y el derecho a la desobediencia.
La cosa es muy seria y no es necesario subrayar que se trata tan sólo de un paso, pero de un paso decisivo. Así como lo predije, hace algunas semanas, es el Rubicón. No hay marcha atrás.
El hecho constituye un acto, en el sentido estricto, doctrinario, del término, es decir, de una acción significativa, con implicaciones y consecuencias fundamentales. Y tal como digo al principio, la trascendencia de ese acto rebasa con mucho las fronteras catalanas, y se extiende por encima de los Pirineos y más allá del Ebro. Asistimos al alumbramiento de un nuevo país libre, en condiciones y con características históricas, sociales, políticas, económicas, culturales y geográficas sin precedentes.
Acto que no podrá no encontrar eco y provocar réplicas en todos los rincones del mundo. Nuestro mundo, esa esfera con rincones.
La cosa es muy seria y la situación es de enorme exaltación y, al mismo tiempo, de extrema gravedad. En el momento de teclear estas líneas, doce horas después, el gobierno español no ha respondido, entre otras cosas porque a todas luces no sabe cómo. Mariano Rajoy ha convocado a un Consejo de Ministros extraordinario para mañana miércoles, pero por lo visto no hay ni prisa ni urgencia. Lo que hay es el susto y el pasmo. Todo lo que han acertado a mascullar es “aténganse a las consecuencias”.
Como dice Osiris que dijo el ciego: ya veremos.
La decisión del Parlamento es, jurídica y políticamente, inapelable. Los diputados, democráticamente electos, votaron y se contaron los votos: 72 a favor, 63 en contra. Ni una abstención. No habría nada qué alegar, pero alegan. Los españolistas alegan. Y, a la Ripley, aunque usted no lo crea, sostienen que no había mayoría para tomar tal determinación. Que no es legítima. El debate es tan absurdo como interminable. Y las razones esgrimidas por intelectuales y estudiosos catalanes de primera línea no encuentran sino oídos sordos en la meseta castellana.
Pensadores independientes lanzan argumentaciones sólidas. Mientras intentan vadear incongruencias, promueven otro nivel general al menos otro nivel operativo sin permitirse ignorar las amenazas subyacentes. Urge realmente generar expectativas.
La principal razón de los detractores, si razón se le puede llamar, es tan simple como falaz: ante la prohibición de Madrid de celebrar un referéndum formal, se convocan los comicios extraordinarios del 27S a modo de plebiscito. Hubo dos partidos explícitamente a favor de la independencia y tres explícitamente en contra. Además, otros que no se pronunciaron, es decir, que no tomaron parte en el plebiscito propiamente dicho. Que la gente decida y vote. Se hace el escrutinio y ya. Participó el 77.5 del padrón. Afluencia sin precedentes. Por el sí votó el 47.8%, por el no 39.1%. Por las opciones ajenas al plebiscito, más los votos en blanco y nulos 13.1 por ciento.
Es decir, en el plebiscito tal cual participó el 67.3% de los empadronados, y de ellos 55% votó a favor de la independencia y 45% en contra. El resultado es incuestionable y definitivo. La trampa grosera de los unionistas es considerar como “no” el 13.1% de los sufragios a las opciones que se abstuvieron de pronunciarse ante la disyuntiva. Más claro que el agua Bonafont. Y la manipulación más burda que el show de Laura Bozzo.
Como si fuera poco, y para acabarlo de adobar, muchos de los votantes de ese 13% no plebiscitario son independentistas declarados. Entre ellos el propio Lluis Rabell, líder de CSQP que obtuvo 9% de los votos, o la mismísima Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. A ellos habría que añadir a personalidades como el histórico Manuel Delgado o los emblemáticos Arcadi Oliveres y Teresa Forcades. O la exvicepresidente Joana Ortega de UDC.
De manera que incluso esas cifras abrumadoras aún deberían ser corregidas a favor del anhelo y voluntad independentistas. Y todo ello bajo el diluvio de amenazas y mentiras inconcebibles que desató el gobierno español y que no pueden no haber acobardado a los más crédulos o timoratos (entre ellos —ya puestos a contar— una tía de mi yerno, anciana soberanista de toda la vida y que acabó votando por los fascistas de Ciudadanos para que no le fueran a quitar su pensión).
Así están las cosas. Y hoy por sobre el vertedero inmundo brilla una estrella de cinco puntas. La estrella de la libertad. Que no se eclipse. Que por nada del mundo se eclipse.
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